Por deficiencias en las indagatorias, el juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, dio la orden desde el pasado 25 de mayo de 2018 a la Procuraduría General de la República (PGR),de que realizara una nueva investigación por el caso Tlatlaya.
De acuerdo con la versión oficial, el 30 de junio de 2014, 22 personas fallecieron durante un supuesto enfrentamiento contra elementos del Ejército Mexicano en una bodega de esa comunidad del Estado de México.
Pero esta versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes, quien había declarado que las víctimas fueron ultimadas.
Esto causó, en un principio, el encarcelamiento de siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.Sin embargo, los militares fueron liberados en octubre de 2015 y en mayo de 2016, por diferentes jueces federales.
El 15 de junio de 2017, Clara Gómez González, una de las víctimas, presentó una demanda de amparo en contra de la PGR, por la falta de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva de la investigación.
Casi un año después de que se inició el juicio de amparo, el juez, Érik Zabalgoitia Novales determinó concederle el amparo a Clara Gómez González y resolvió:
– Que las actuaciones de la Fiscalía no fueron pertinentes, ni idóneas.
– Que no realizó un análisis de los medios de pruebas de las declaraciones de los militares involucrados.
– No se ordenaron nuevas pruebas en contra de los elementos castrenses.
Se presentó una copia de la sentencia de amparo.
En las páginas 56 y 57 de la sentencia se lee:
Toda vez que se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados a favor de la víctima a que se realicen de manera ininterrumpida y con celeridad, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”,
El juez resolvió que la Fiscalía no investigó el significado de un supuesto documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se autorizaría el abatimiento de personas en horas de oscuridad.
El juez concedió 30 días hábiles a la PGR para que atendiera esta sentencia.
Hasta ahora y consultados sobre este caso, la PGR no ha hecho pronunciamiento alguno.
